Miles de peruanos se movilizan contra grupos violentos de extrema derecha

Bajo el lema “el fascismo no pasará”, organizaciones periodísticas, sindicales y civiles de Perú comenzaron movilizaciones la semana pasada para darles respuesta a grupos de extrema derecha que, como La Resistencia, ejecutan acciones de amedrentamiento sin que el Estado las reprima.

“La única forma de impedir el triunfo del fascismo será mediante la movilización de la sociedad, de los ciudadanos libres, dirigidos hoy, como fue en los (años) 90, por los trabajadores organizados”, dijo durante una concentración el periodista Gustavo Gorriti, uno de los blancos principales de La Resistencia y grupos similares.

“Defenderemos el periodismo de investigación con nuestras vidas y hasta el último momento haremos todo lo posible para poder darle al pueblo el poder de la información verdadera, aquella que les permita ser ciudadanos plenos y poder ser gobernantes de su propio destino”, agregó Gorriti, director del portal IDL Reporteros.

Grupos sindicales, populares, vecinales y de diverso origen se citaron el martes frente a las instalaciones de IDL Reporteros, en Lima, después de que el sitio web, que forma parte de la ONG de derechos humanos Instituto de Defensa Legal (IDL), sufriera la enésima agresión por parte de La Resistencia.

Dos días después de esa concentración, aunque sin relación con ella, un juzgado penal anunció la apertura de un proceso contra el jefe de La Resistencia, Juan José Muñico, conocido como “Maelo”, por “difamación agravada” contra IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Muñico, exobrero de construcción vinculado en el pasado al asesinato de un soldado, ya fue sentenciado en 2021 a un año de prisión no efectiva por difamación contra la ONG, lo que cumplió sin arrepentimiento y sin dejar de lado sus acciones de hostilidad, según destacan juristas.

El abogado de IDL, Carlos Rivera, pidió en su momento que ante los incumplimientos la condena pasara a ser efectiva, pero la Justicia, a la que sectores ciudadanos acusan de ser blanda con esas agrupaciones de extrema derecha, rechazó la solicitud.

La Resistencia apareció en 2018 con acciones de respaldo al entonces fiscal general, Pedro Chávarry, separado luego del cargo y procesado por corrupción. El grupo extendió pronto sus acciones y vio nacer a varias organizaciones similares y aliadas, como La Insurgencia y Combatientes del Pueblo.

Los integrantes de esas agrupaciones, que defienden lemas como “Dios, patria y familia”, se concentran frente a las casas o las oficinas de periodistas, activistas y políticos de izquierda y centro, y frecuentemente pasan a la agresión física ante la denunciada pasividad de la Policía.

Además, promueven campañas de desinformación con blancos como el IDL, la CNDH, IDL Reporteros y varias personalidades e instituciones más, y ejecutan operaciones de destrucción de monumentos levantados en defensa de los derechos humanos.

“Son grupos que manejan discursos de odio”, dijo a Télam el periodista de investigación Ernesto Cabral, para quien la tardanza del Estado en tomar acciones permitió el crecimiento de esas organizaciones, lideradas en buena parte por personas provenientes de clases populares.

Para Cabral, es necesario que los partidos de derecha a los que se atribuyen lazos con La Resistencia y similares, como Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP), hagan un deslinde claro y les quiten protección, pero hasta ahora los intentos de desmarcar han sido tímidos y, en opinión de la contraparte, poco convincentes.

De hecho, Muñico fue candidato a congresista en 2021 por el ultraconservador RP, aunque solo obtuvo una pequeña cantidad de votos. El dirigente también estuvo vinculado a FP, aunque se apartó un poco en medio de críticas a la “debilidad” de la líder de ese partido, Keiko Fujimori.

“Siempre de pie, nunca de rodillas; aquí los esperamos parados, vamos a morir matando”, respondió en las redes “Maelo”, de 47 años, ante los intentos de la Justicia y la Fiscalía por investigarlo y procesarlo.

Los dirigentes de esos grupos de ultraderecha se anotaron un éxito político a fines de mayo, en opinión de analistas, cuando, en medio del clamor para que se ponga fin a sus actividades, fueron en cambio recibidos por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

El jefe de Combatientes del Pueblo, Roger Ayachi, llegó con varios compañeros a la Defensoría para exigir inmunidad para los policías y militares que incurrieron en excesos en las recientes protestas, y, cuando se esperaba que se los alejara por los antecedentes, fueron invitados a pasar por Gutiérrez, quien posó sonriente con ellos para fotos.

Para la oposición, el gesto podría demostrar una nueva actitud de la Defensoría, un ente que se ha ganado respeto por su independencia pero que enfrenta dudas con su flamante titular, elegido por el Congreso en mayo por una controvertida alianza entre bancadas radicales de derecha e izquierda.

Las movilizaciones de la semana pasada tuvieron como motivación principal el respaldo a Gorriti, de 75 años quien está en la mira de la extrema derecha desde que en los años 90 hizo una revelación fundamental: que en el gobierno de Alberto Fujimori había un operador en la sombra, Vladimiro Montesinos, que ejecutaba acciones antidemocráticas y delictivas.

Durante el autogolpe de estado de Fujimori en 1992, Gorriti fue encarcelado en secreto con la presunta intención de desaparecerlo, lo que no se logró porque alguien lo reconoció en un calabozo militar. Por ese hecho -calificado como secuestro- y por 25 asesinatos, el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel que aún paga.

El periodista en los años siguientes encabezó notables investigaciones en temas de corrupción y derechos humanos, y de hecho, a través de su portal, fue uno de los primeros en documentar la violencia que dejó 66 muertos en protestas entre diciembre y marzo contra la presidenta Dina Boluarte.

Sectores de izquierda, centro y derecha moderada coinciden en que, más allá de los casos específicos del IDL, de la CNDH y de IDL, se le debe poner fin a la existencia de grupos como La Resistencia y similares, por ser contrarios a la democracia.